A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA

Por Anabel Oyola

Se cumplen 50 años de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia: el golpe de Estado que interrumpió el orden democrático en Argentina e instauró un régimen basado en el terror, la persecución y la violación sistemática de los derechos humanos. No es una fecha más: es una herida abierta que atraviesa generaciones y que nos obliga, una vez más, a mirar hacia atrás no desde la nostalgia, sino desde la responsabilidad histórica.

Recordar no es un acto pasivo. Es una forma de resistencia. Es sostener viva la memoria de quienes fueron silenciados, desaparecidos, perseguidos por pensar distinto, por organizarse, por soñar con un país más justo. A 50 años, la memoria sigue siendo un terreno de disputa: entre quienes buscan verdad y justicia, y quienes intentan relativizar, negar o reconciliar sin asumir responsabilidades. Pero conmemorar también exige un balance del presente. Y ese balance, lejos de ser complaciente, debe ser profundamente crítico. Porque si bien se han conquistado avances en materia de derechos humanos -juicios, recuperación de identidades, políticas de memoria-, el estado actual del país revela retrocesos preocupantes.

Hoy vemos cómo resurgen discursos que banalizan el horror, que cuestionan consensos básicos construidos tras décadas de lucha. Se promueve el individualismo por sobre la solidaridad, se debilitan las instituciones públicas, se desfinancian políticas sociales y se profundizan desigualdades que afectan a las mayorías. Quienes gobiernan, lejos de recoger las lecciones del pasado, parecen ignorarlas o, peor aún, desestimarlas. La democracia se construye todos los días con justicia social, con igualdad de oportunidades, con un Estado presente que garantice derechos. Y en ese sentido, hay mucho que se ha perdido o puesto en riesgo: derechos laborales, acceso a la educación y la salud, soberanía económica y cultural.

Reducción de derechos en materia de género en el gobierno de Javier Milei

A 50 años del golpe de Estado en Argentina, la memoria no puede limitarse a la evocación del pasado. La dictadura no solo significó terrorismo de Estado, desapariciones y censura: también implicó un proyecto político y económico que desarticuló derechos, debilitó al Estado y dejó marcas profundas en la estructura social. Por eso, conmemorar este aniversario exige mirar el presente con una perspectiva crítica, entendiendo que la historia no está cerrada.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, se observan decisiones que generan preocupación en términos de derechos humanos y rol del Estado. El desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -antes Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad- y la eliminación de múltiples programas, no pueden analizarse de manera aislada: forman parte de una redefinición del Estado que reabre debates que creíamos cerrados.

El recorte del 64% en la Línea 144 (atención telefónica en situaciones de violencia basada en género), la modificación del Programa Acompañar mediante el Decreto 755/2024 y la eliminación de 13 políticas públicas vinculadas a la prevención y asistencia en violencia de género implican, en términos concretos, una retirada del Estado en áreas sensibles. La reducción total del 86% del presupuesto en estas políticas deja a miles de personas en situación de mayor vulnerabilidad, trasladando responsabilidades desde la Nación a provincias que no cuentan con los recursos necesarios.

Organizaciones como ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), ELA (Equipo Latinoamericano de justicia y género) y el colectivo Ni Una Menos han denunciado que estas medidas constituyen un retroceso en materia de derechos humanos, advirtiendo sobre la desprotección de mujeres y personas LGTBIQ+. La justificación oficial -basada en la idea de “gasto innecesario” o “programas ideológicos”- reactualiza una lógica que reduce derechos a costos, invisibilizando las desigualdades estructurales.

Vincular estos hechos no implica equiparar contextos, sino identificar continuidades en las tensiones de fondo: el lugar del Estado, la protección de los sectores más vulnerables y la disputa por el sentido de los derechos. Si la dictadura impuso el terror para desarticular la organización social, hoy ciertos discursos buscan deslegitimar políticas públicas que fueron fruto de décadas de lucha. La memoria, entonces, no es solo recordar lo que pasó, sino reconocer cuándo se debilitan las condiciones que garantizan una vida digna. Cuando el Estado se retira de su función de cuidado, cuando se desfinancian políticas y programas de protección, cuando se relativizan derechos conquistados, es necesario encender alertas.

Argentina había avanzado en la construcción de políticas integrales contra la violencia de género, reconociendo que no se trata de hechos aislados sino de un problema estructural. El retroceso actual pone en riesgo esos avances y plantea un escenario donde muchas personas quedan nuevamente desamparadas.

Memoria, para leer el presente y transformar el futuro

A 50 años del golpe, la deuda no es solo con el pasado, sino con el presente: sostener y ampliar derechos, fortalecer un Estado que cuide, y garantizar que nunca más se naturalice la exclusión o la violencia desde las instituciones. A medio siglo del golpe, la tarea no está terminada. Persisten deudas estructurales: erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, garantizar una justicia verdaderamente independiente y accesible, fortalecer la participación ciudadana.

La defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni oportunista. Debe ser integral, constante y coherente. Implica denunciar las injusticias del pasado, pero también las del presente.

El compromiso sigue siendo el mismo: no olvidar. No perdonar lo imperdonable sin justicia. No permitir que el horror se repita bajo nuevas formas. La memoria no es un ancla que nos detiene, sino una brújula que nos orienta. Porque cada derecho conquistado fue fruto de lucha, y cada retroceso, una advertencia. Por eso, más que un cierre, este aniversario es un llamado: a sostener la memoria activa, a profundizar la democracia y a seguir peleando por el país que aún debemos construir.

El “Nunca Más” no puede ser una consigna vacía ni restringida a la historia reciente. Es un principio activo que debe guiar cada decisión política y cada acción colectiva. Implica rechazar toda forma de violencia, pero también toda forma de abandono estatal que exponga a las personas a situaciones de vulnerabilidad.

Porque la memoria no es solo homenaje: es una herramienta para leer el presente y transformar el futuro.

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