CRISIS HÍDRICA Y RESISTENCIA POPULAR EN URUGUAY

En el marco del Día Mundial del Agua, fecha que se conmemora cada 22 de marzo, más de cien organizaciones sociales, junto a la ciudadanía autoconvocada, promovieron diversas acciones y actividades en diferentes puntos del país, acentuando la unidad en la marcha realizada en la capital, Montevideo.

Desde la Rambla y Ejido, esta movilización, que tuvo una gran convocatoria, se dirigió hacia la Explanada del Teatro de Verano, como una inmensa marea cargada de carteles, pancartas, cánticos, bailes, tambores y marionetas de animales marinos, entre otras expresiones culturales y políticas que dejan de manifiesto: el agua se cuida y se defiende.

Una movilización encabezada por la consigna ‘Ateiten Hué - Somos Agua. ¡Las empresas la codician, los gobiernos la entregan y el pueblo la defiende!’.

Manifiesto político

El manifiesto político realizado por el grupo de colectivos sociales que organizaron la manifestación, y que fue leído al finalizar la marcha, celebraba “el triunfo popular del plebiscito que en 2004 impulsó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida”, recordando que “allí, el pueblo uruguayo declaró el agua como un derecho humano fundamental y exigió que el saneamiento y el acceso al agua potable fueran administrados única y exclusivamente por el Estado y con participación ciudadana, consolidando el artículo 47 de nuestra Constitución”, y afirmando que esta voluntad popular es sistemáticamente violentada por el poder político, en complicidad con los intereses del capital transnacional.

Una responsabilidad que hoy recae sobre las instituciones estatales, los tres poderes del Estado y los gobiernos departamentales que, mientras la crisis hídrica se hace innegable junto al deterioro del territorio y sus bienes naturales, continúan favoreciendo un modelo productivo basado en el agronegocio, los monocultivos transgénicos y la ganadería extensiva, a lo que se suma la utilización de agrotóxicos y la apertura de puertas a megaproyectos privatizadores y contaminantes, con prácticas ecocidas que están destruyendo la biodiversidad.

En la declaración, las organizaciones visibilizaron la vigencia de leyes nefastas como la Ley Forestal, considerada como “el primer paso de esta entrega, que implica que esté desapareciendo la familia rural y la vida silvestre, mientras abre las puertas a las pasteras más grandes del mundo, así como al mismo tiempo destruye los montes, humedales, pastizales naturales y ecosistemas fundamentales para la vida”, y la Ley de Riego, la cual garantiza “la propiedad privada sobre el agua dulce, multiplicando embalses que cortan el flujo natural de la vida”.

Recordemos que en Uruguay las plantas de celulosa han sido un tema de intenso debate por sus implicancias económicas, sociales y ambientales. Una absoluta entrega de soberanía a multinacionales extranjeras, contaminando los ríos de nuestro territorio.

Mientras la Ley de Riego aumenta la afectación al río Santa Lucía, del cual el 60% de la población se abastece de agua potable, “hoy convertido en un cauce de lodo, coliformes y veneno… Es inaceptable que OSE, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud Pública no tomen acciones contundentes al respecto. La situación del río Santa Lucía no es un accidente: es el resultado de verter aguas servidas e industriales directamente al río, de la tala del monte nativo y de una cuenca arrasada por un modelo productivo que en 30 años devoró el 30 % del campo natural”, expresaron.

En este contexto, es inevitable preguntar dónde queda el “Uruguay Natural”, cuando avanzan los proyectos de hidrógeno “verde”, basurales, barrios privados y desarrollos inmobiliarios. El manifiesto puntualizó sobre la transformación de “Empalme Olmos en un basurero que contamina capas freáticas, destruyendo suelo fértil y volviendo insalubre la vida del pueblo” y la Laguna del Cisne en un “infame barrio privado”, dañando así su ecosistema.

Actualmente, se expande el territorio de saqueo y explotación sobre nuestro mar territorial, el subsuelo oceánico y las vidas que lo habitan. Edgardo Ortuño, actual ministro de Ambiente, dio luz verde para realizar prospecciones sísmicas en busca de petróleo, poniendo en peligro nuestra plataforma oceánica y la biodiversidad, “habilitando ilegalmente a empresas como Chevron, acusada de crímenes de guerra en Palestina y de contaminar territorio indígena en Ecuador”.

Crisis hídrica

En 2023, Uruguay sufrió la mayor crisis hídrica en más de 70 años, la cual llevó a que saliera agua salada en los hogares del área metropolitana y alrededores, despertando espontáneas movilizaciones ciudadanas bajo la consigna “No es sequía, es saqueo”. Actualmente “el pueblo de Minas enfrenta falta de agua, mientras en varios pueblos y villas del sur de Canelones miles de familias humildes y trabajadores soportan todos los veranos el maltrato de cortes permanentes, escasa presión y agua clorada que parece barro”, y en el área metropolitana vuelve a haber agua salobre y no potable.

Ante este contexto, es innegable que vienen por el agua y que no serán los gobiernos quienes la defiendan. Actualmente, estos y otros proyectos, con sus intereses económicos, son prioridad para el gobierno por sobre nuestra agua, que es vida. Por ello, es urgente la organización popular, que construya alternativas y enfrente el avance de este modelo imperialista y ecocida.

Como manifiesta el cierre de la proclama de la marcha por el agua 2026, retomando palabras enunciadas en la sexta marcha contra el proyecto Aratirí -minería a cielo abierto que se pretendió instalar en el país-:

“Escuchen bien, gobernantes; escuchen bien instituciones financieras que recetan neoliberalismo, empresas y capitales especulativos que lucran con nuestra riqueza: este pueblo es soberano y merece respeto. Tengan por seguro que estamos plantados en la defensa de nuestro territorio. ¡No nos dejaremos robar nuestro destino!”.

Fotos: Voces Insurgentes