ORGANIZACIONES SE DECLARAN LIBRES DE APARTHEID Y GENOCIDIO

Por Victoria Camboni

Más de 40 espacios, organizaciones y colectivos sociales realizaron una comunicación pública en la que se declararon libres de apartheid y genocidio. Esta campaña, que inició con una conferencia de prensa este viernes 15 de mayo a las 11 horas en el local de FUCVAM, busca tomar acción para frenar el abuso criminal del régimen israelí, exigiendo y promoviendo sanciones para frenar el genocidio.

Este 15 de mayo se conmemoran 78 años de la Nakba palestina, aquel día en el que más de 700 mil palestinas y palestinos fueron arrancados de sus hogares, que serían ocupados por la nueva entidad que se estableció allí. Casi 80 años después, en 2026, a esas cientos de miles de familias -que les fue negado volver a sus tierras- se sumaron otras tantas. El intento de erradicar a toda una población continúa, así como el avance de la ocupación, el apartheid y el genocidio, recrudecido por los ataques cada vez más atroces, y sostenido en el tiempo de forma impune por la retórica y acciones israelíes y por quienes las apoyan.

En una fecha más que simbólica, las voceras María Landi de ELA - BDS y Sonia Bongiovanni de Our Voice - Voces Insurgentes, junto al vocero José Trindade -de FUCVAM-, dieron lectura a la declaración, en la que señalaron que Israel lleva “ocho décadas violando el Derecho Internacional e innumerables resoluciones de la ONU con total impunidad”. Esta situación, agregaron, “le permite seguir expandiendo su agresión, no solo al pueblo palestino, sino a otros pueblos de la región, como Líbano, Siria, Irán y más allá”.

En el comunicado además, hicieron referencia a las órdenes de captura internacional que emitió la Corte Internacional de Justicia en 2024, e inspirándose “en la lucha que puso fin al apartheid de Sudáfrica” reclamaron que Israel “acate el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU que le ordenan respetar todos los derechos humanos y colectivos del pueblo palestino, empezando por su derecho a la autodeterminación, reconocido por la ONU”.

Además, declararon su compromiso “a evitar los vínculos con instituciones o empresas israelíes o cómplices”, y a unirse “en el trabajo para poner fin a toda forma de apoyo al régimen israelí de colonialismo de asentamiento, ocupación militar, apartheid y genocidio”.

Consultadas por la prensa sobre qué significa declararse Espacios Libres de Apartheid y Genocidio, tomó la palabra María Landi y dijo que en primera instancia implica “que cada quien analice en su espacio de militancia, de trabajo, si hay vínculos, que a veces son de tipo sindical, empresarial, cultural” o de otra índole, para “empezar por su propio ámbito”. Y puso como ejemplo a AFFUR, el sindicato de funcionarias y funcionarios de la UdelaR, “que lleva mucho tiempo trabajando para que el Pit-Cnt corte definitivamente todo vínculo con Histadrut, que se ha presentado históricamente como una central sindical israelí, cuando sabemos que no es ni una central ni es sindical; es una institución que asumió la tarea de la colonización sionista de Palestina antes del 48, antes de la existencia del Estado de Israel”. Y agregó que esta entidad “impulsaba a que las empresas no contrataran población árabe”.

Otro ejemplo que mencionó fue el de la Facultad de Humanidades, que debido al impulso del gremio estudiantil, el Consejo tomó por unanimidad una resolución que pide a la UdelaR cortar relaciones con la Universidad de Tel-Aviv.

También ejemplificó con las invitaciones que reciben trabajadores de prensa por parte de instituciones israelíes, o en el ámbito deportivo, incluyendo encuentros amistosos entre la selección uruguaya y la israelí.

En lo que respecta a instituciones del Estado uruguayo, mencionó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que habría realizado un convenio con el Congreso Judío Latinoamericano para “el avance del antisemitismo en Uruguay”, algo que, según dijo, “apunta a silenciar y a criminalizar las críticas legítimas, legales, a las políticas del Estado de Israel, como podemos hacerlas a cualquier Estado,y también a la solidaridad con Palestina”.

Más adelante, mencionó que en Uruguay se está trabajando para incluir el delito de antisemitismo en el Código Penal, basado en la “definición tramposa” de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que “es el organismo que propone una definición de antisemitismo que asimila la protesta contra Israel o el apoyo a Palestina como antisemitismo”.

Por su parte, Sonia Bongiovanni manifestó el “rechazo total hacia esta complicidad de los gobiernos” y “contra los genocidios de hoy y también de ayer”, recordando que en los años de dictadura “el sionismo entrenó a militares torturadores” y participó también en Uruguay en ese apoyo a las dictaduras así como en otras partes de Latinoamérica.

También destacó “hoy más que nunca” la consigna que lleva hace años su organización, “nunca antisemita, siempre antisionista”, destacando que “es increíble” seguir teniendo que “justificar nuestro apoyo” al pueblo palestino.

En esa misma línea, la vocera y activista del BDS Uruguay, mencionó que en este mayo, mes de la memoria, se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y en esa línea señaló que “es importante recordar el papel de Estados Unidos, de Israel, del Comité Central Israelita del Uruguay, en la dictadura uruguaya”. Este dato lo habría tomado de un artículo académico escrito por el historiador uruguayo-israelí Gerardo Leibner, en el que indicó que este organismo “más que salvar de la tortura y de la desaparición forzada, en este caso a las víctimas judías, el Comité Central Israelita del Uruguay, aliado con la embajada, se dedicaban a denunciar que esas personas eran comunistas, y el anticomunismo estaba a tope, en plena guerra fría”, agregando que “sus familiares que ya estaban en Israel se organizaban para tratar de rescatar de las garras de la dictadura y de las cárceles clandestinas a sus familiares. Se topaban con un muro de complicidad”.

“Estamos haciendo lo que los gobiernos no están haciendo. Tienen la obligación de no contribuir con ese régimen de opresión. Se piden sanciones selectivas, no las que matan de hambre a un pueblo, y que el aislamiento internacional haga que el precio de mantener este estado de cosas sea insostenible. Y no es más que cumplir con lo que determina la Corte Internacional de Justicia. Y la presión del pueblo, es la que hace la diferencia”.